sábado, 18 de febrero de 2017

...And justice for all

En 1988, Metallica lanzó su álbum ...And justice for all, título que, en un hábil juego fonético, puede entenderse como "y justicia para todos" o "injusticia para todos", siendo esto último el tema de dicho álbum y de su magnífica imagen de portada. En 2017, en España dudo que quede alguien mentalmente sano que siga creyendo que realmente vivimos en un Estado de Derecho o que el artículo catorce de la Constitución no es ciencia-ficción o que existe una Justicia independiente. Basta con tirar de hemeroteca para darse cuenta que aquí, en España, de democracia poco y de Estado de Derecho menos: ni los españoles somos iguales ante la ley ni ésta se cumple ni los jueces y fiscales son otra cosa que asalariados al servicio no de la Ley sino de quien hace o deshace a su antojo las leyes.

Para percatarse de esto, no hace falta retrotraerse mucho. Esta misma semana, el Ministro de Justicia ha evidenciado una vez más (y van...) que sus conocimientos sobre la Administración de Justicia y el Derecho sólo son igualados por su saber en el campo de la física cuántica, causando un bochorno que no se limita a su inaptitud para el cargo sino que también supone el reconocimiento de que hay más belleza en la cara de Kiko Rivera que independencia en la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal. La enésima metedura de pata de Rafael Catalá, que bendita la hora que dejó Codere, ha sido cuestionar y criticar públicamente la decisión de las fiscales del "caso Púnica" (la historia del PP contemporáneo se escribe de caso en caso) de no suscribir a título particular la postura "oficial" de la Fiscalía General, discrepancia que cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que encaja perfectamente con su cometido legal y por tanto es perfectamente lícita pero que, y aquí viene el quid de la cuestión, va en contra de los intereses del Partido Popular dado que las fiscales discrepantes son partidarias de "empapelar" al pepero Presidente de Murcia (que la Ley y el PP estén en bandos distintos es algo que ya no es noticia) y de ahí el injustificable rapapolvos público de Catalá (que el PP defienda desde el Gobierno o el partido la labor de jueces y fiscales sólo cuando le son favorables tampoco es noticia). Que algo huele a podrido en la reacción de Catalá es aún más evidente cuando se ha desvelado su conversación con el posible afectado (el presidente murciano) sobre el asunto, algo que, además de ser muy poco decoroso, está directamente prohibido.

Pero lo más grave de esta semana no ha sido la nueva desfachatez del Ministro sino la rácana, acongojada y descafeinada sentencia con la que tres iluminadas por la singular luz de la cobardía han ventilado el polémico "Caso Nóos", en el que estaba en juego comprobar hasta qué punto hay realmente en España igualdad ante la Ley e independencia judicial. La clave radicaba en si las tres magistradas consideraban que la infanta Cristina era culpable o simplemente una cónyuge con la misma capacidad de sinapsis que un
geranio. Han optado por esto último, sublimando así ese infame eufemismo del "partícipe a título lucrativo" (hola, Ana Mato), imponiendo una irrisoria multa (tanto que le sale a devolver a la tipa), demostrando que la Familia Real y aledaños supone una de las muchas enmiendas que conculcan el artículo catorce, tirando por tierra la sensatez y el coraje del juez Castro, poniendo un clavo más en el ataúd de la credibilidad de España como Estado de Derecho e insultando la inteligencia de millones de españoles. En ese contexto, las declaraciones de Miguel Roca, abogado de la susodicha, sólo pueden ser tomadas como una bufonada de mal gusto. Dicho de otro modo: la resolución del polémico Caso Nóos es la crónica de una vergüenza que no por temida deja de ser menos repugnante y humillante.

Así las cosas, siendo evidente que España no es actualmente un Estado de Derecho (más bien no hay Derecho que aguante este Estado), quedando patente que todos los españoles somos desiguales ante la Ley, ¿qué sentido tiene que alguien invoque la Constitución o el resto del ordenamiento cuando sus garantes y protectores son los primeros en infringirlo o mancillarlo impunemente?, ¿qué legitimidad tienen autoridades e instituciones
que han hecho del agravio a la Ley y a la sociedad civil un modo de vida? España está hoy más cerca del 1984 de Orwell que del 1812 de Cádiz...y no pasa nada, porque la gente se ha acostumbrado tanto a este hedor que ha olvidado que este país en algún momento de su Historia mereció la pena. Por eso, sería más apropiado que comentaran esta actualidad tan esperpéntica y funesta un Valle-Inclán o un Larra antes que palmeros lisérgicos como Marhuenda y compañía.

Volviendo al asunto y para ir concluyendo, la Justicia es un buen termómetro de la calidad democrática de un país. En ese sentido, salvo honrosas y escasas excepciones (Castro, Ruz, Alaya y pocos más), nuestros jueces y fiscales no son mejores que los árbitros y linieres de la Liga de Fútbol: en caso de duda, deciden a favor del poderoso y en perjuicio del débil. Por eso, un país como España en el que se ha instalado de facto el principio de "in dubio pro iniustitia" no es mucho mejor que naciones parademocráticas como Venezuela, Arabia Saudí o Corea del Norte. Por eso, no hay mejor imagen para ilustrar la actual realidad española que la misma que hace casi veinte años lucía en la portada de un disco de heavy metal. Y es que lo que pasa en este disparatado país es muy heavy. Mucho.

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